Carlos Fonseca: A por el Interior de los archivos

 

Carlos Fonseca es periodista y escritor. Tras una carrera profesional de cuarenta años en prensa escrita y digital, con colaboraciones en radio y televisión, desde 1996 compagina su actividad informativa con la investigación para la recuperación de nuestra memoria histórica a través de sus protagonistas anónimos. Entre sus obras destaca Trece Rosas Rojas, llevada al cine en 2007

El periodista, escritor e investigador Carlos Fonseca ha hecho una defensa firme del derecho de acceso a los archivos

LA MEMORIA DE LOS ARCHIVOS

Actos como el que hoy celebramos aquí reivindican cada año por toda España a cientos de miles de personas que sufrieron la represión del franquismo. Muchas de ellas siguen enterradas en cunetas y fosas comunes a la espera de que sus restos sean localizados, recuperados y entregados a sus familias.
La memoria de las víctimas está en los camposantos, y también en los archivos oficiales, depositarios del relato de lo ocurrido. Las investigaciones policiales, las denuncias y delaciones, las torturas para conseguir declaraciones auto inculpatorias, y los procesos judiciales sin garantías que condenaron a largos años de prisión, cuando no a la muerte, a quienes defendieron la legalidad republicana ganada en las urnas. Una verdad incómoda que desde hace años se escamotea del conocimiento público con una patulea de disposiciones legales que dificultan la consulta de valiosa documentación.
Hace poco más de un mes el Gobierno procedió a la desclasificación de una serie de documentos sobre el frustrado golpe de Estado del 23 de Febrero de 1981 al cumplirse su cuarenta y cinco aniversario. Es el plazo que establece el aún no tramitado proyecto de Ley de Información Clasificada para el acceso a la documentación considerada como “alto secreto”, que se reduce a treinta y cinco en la clasificada como “secreta”. Un proyecto de ley llamado a sustituir la Ley de Secretos Oficiales franquista de 1968. Se trata de una buena noticia, aunque el resultado de dicha desclasificación ha sido decepcionante y se haya limitado a este suceso concreto.
Las trabas para acceder a la documentación oficial sobre nuestro pasado más trágico no son achacables solo a la Ley de Secretos Oficiales. La Ley de Patrimonio Histórico de 1985 es otro de los obstáculos a los que nos enfrentamos quienes intentamos acceder a la verdad de los archivos. Esta ley establece plazos de hasta cincuenta años para acceder a cualquier documento que contenga datos personales que la autoridad competente considere que pueden afectar al honor de los aludidos en ellos, como es el caso de los procesos judiciales.
La pregunta es: ¿qué honor se mancilla al dar a conocer procesos judiciales instruidos sin las mínimas garantías que sirvieron para justificar la condena o el asesinato de los encausados?, como el caso de los últimos fusilados del franquismo en septiembre de 1975. Desde luego, el de las víctimas no.
La verdad tiene enemigos, y frente al derecho al olvido que reclaman los verdugos y sus familias prevalece el derecho a la información y a la investigación histórica.
Cincuenta años para acceder a esta documentación es un plazo desproporcionado si lo comparamos con los que se aplican en otros países de nuestro entorno, que oscilan entre los 20 y los 30 años. Una realidad que hace necesaria una nueva Ley de Patrimonio Histórico acorde al tiempo que vivimos de verdad queremos abrir las ventanas de nuestra historia para su conocimiento público.
Produce desasosiego ver el desconocimiento y desinterés hacia nuestro pasado más dramático de muchos jóvenes nacidos en una democracia ya asentada. Democracia que se ve ahora amenazada por los herederos de aquel tiempo pretérito que, envalentonados, se atreven a ensalzarlo desde la tribuna del Congreso de los Diputados.
A las interpretaciones restrictivas de las leyes que he citado se suma la ausencia de voluntad real para poner fin a esta situación. El ejemplo paradigmático de todas las dificultades enunciadas lo encontramos en el Archivo Central del Ministerio del Interior. Se trata del único archivo que no ha transferido ninguno de sus fondos al Archivo Histórico Nacional o al General de la Administración para su adecuada catalogación y el libre acceso de los investigadores.
El despropósito es tal que atesora documentación que se remonta a 1840 y que, obviamente, custodia valiosa documentación sobre la represión durante el franquismo y la transición. Una irregularidad palmaria porque al no tratarse de un archivo histórico no debería tener documentos de más de treinta años de antigüedad. Intentar acceder a sus fondos, y lo digo por experiencia, es una misión condenada al fracaso. Una situación que vienen denunciando desde hace años historiadores y estudiosos de nuestra historia.
De poco vale que la Ley de Memoria Democrática diga en su preámbulo -leo textualmente- que “la ciudadanía tiene el derecho inalienable al conocimiento de la verdad histórica sobre el proceso de violencia y terror impuesto por el régimen franquista, así como sobre los valores y los actos de resistencia democrática que llevaron a cabo quienes cayeron víctimas de su represión” si se impide el acceso a la documentación existente en los archivos oficiales.
El artículo 15 de esa misma ley de Memoria, relativo al derecho de las víctimas a la verdad, recoge el compromiso de la Administración General del Estado con el impulso a la investigación de todos los aspectos concernientes a la guerra civil y la dictadura, y en su artículo 27 garantiza “el derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y privados sobre la guerra, la dictadura (…) y la transición hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978, con independencia del tipo de archivo en que se custodien”.
La memoria sobre nuestro pasado no está solo enterrada en cunetas y fosas comunes, está también en los archivos, que es imprescindible abrir para acercarnos a la VERDAD, imprescindible para hacer JUSTICIA y REPARAR a las víctimas y sus familias.

Muchas gracias.